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POR ESTAR SUJETA A PROCESO PENAL IMPUGNA MORENA CANDIDATURA DE MARU CAMPOS

Chihuahua a 6 de Abril del 2021 (603)
Redacción de Noticias DP


El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Diego Villanueva González, impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral la aceptación de registro de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PR).

La solicitud de juicio electoral en contra de la resolución emitida por el IEE el 3 de abril, se presenta por considerar ilegal la aceptación de la candidatura de la panista que se encuentra sujeta a proceso penal por el delito de Cohecho, luego de que un juez validó las pruebas que la involucran en el caso de la caja chica de César Duarte de la que habría recibido 10.3 millones de pesos.
El recurso fue presentado ante el magistrado Julio César Merino Méndez quien habrá de resolver si ratifica la decisión del consejo del IEE o desecha la candidatura de Campos Galván.

Villanueva González presentó por escrito las argumentaciones por las que considera que se aprobó de manera ilegal el registro.
El pasado 2 de abril María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN-PRD a la Gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo.
El juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, también dictó auto de vinculación a proceso y los ex diputados Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, dentro de la causa penal 2821/2020.

El Ministerio Público acusó a Campos Galván de que en su carácter de diputada local de la LXIV legislatura, junto al diputado César Jáuregui Moreno, durante los años 2014 y 2015, solicitó y recibió de César Duarte, diversas sumas de dinero que consistieron en la cantidad de 7 millones de pesos de dinero en efectivo mediante 27 exhibiciones; la cantidad de 1 millón 180 mil pesos de dinero en efectivo mediante siete exhibiciones, la cantidad de 20 mil pesos del pago de su tarjeta de crédito Bancomer tipo Visa con número 4772143939003014, así como la cantidad de 1 millón 067 mil 200 pesos a favor de su hermano Manuel Campos Galván mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.

A los ex diputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, la Fiscalía General del Estado los acusó de recibir las cantidades de 2 millones 500 mil pesos y 3 millones 457 mil 112 pesos de parte del ex gobernador que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos en espera de su extradición a México.

El dinero habría sido entregado a los legisladores con la finalidad de apoyar a César Duarte Jáquez con motivo de sus atribuciones en sus peticiones e iniciativas ante el Congreso del Estado como la aprobación de asuntos de la hacienda pública y de fiscalización.

El juez consideró que existen datos de prueba para suponer la comisión de hechos constitutivos de delito. En específico, que el Ministerio Público evidenció una serie de desvíos de recursos públicos que sirvieron para nutrir la denominada caja chica o nómina secreta que utilizó el ex gobernador César Duarte Jáquez para hacer pagos a diversos particulares, partidos, políticos entre 2010 y 2016.

En las audiencias también se exhibieron elementos para describir la mecánica para extraer recursos mediante la expedición de cheques a favor de la Secretaría de Hacienda que luego se cambian por dinero en efectivo a través del Servicio Panamericano de Protección a fin de reingresarlo a la Tesorería, desde donde se hacía el reparto de efectivo.

Entre los datos de prueba que sustentaron estas declaraciones se encuentran diversos contratos simulados, cheques, depósitos, recibos y declaraciones de testigos, entre ellos los de identidad reservada df2311578/2018 y az55869/2017.

Sobre la postura de la defensa de que no pudieron darse los hechos como los planteó la Fiscalía pues sus representadas no aprobaron las iniciativas a las que aludieron los agentes, el juez señaló que es irrelevante si la persona que recibió recursos realizó o no la conducta encomendada, pues el acto ilícito ocurre con la recepción del dinero.

Estos hechos, dijo, podrían constituir el delito de cohecho pasivo previsto en el artículo 269 fracción II del Código Penal del Estado, el cual señala que al servidor público que por sí o por interpósita persona solicita o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepta una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.

Sin embargo, para el consejo general del Instituto Estatal Electoral, Maru Campos cumplió con los requisitos legales para poder ser candidata a la gubernatura y validó su registro el pasado 3 de abril.

En el acto, varios representantes de partidos protestaron por la ratificación de la candidatura de la candidata del PAN - PRD, exponiendo que la candidata enfrenta un par de procesos penales y pidió se reconsidere dicha ratificación, que fue el cuarto punto de la sesión.

En esa sesión, Diego Villanueva, representante de Morena, destacó los valores éticos que deben guardar los aspirantes conforme lo dicta la Ley y recordó en un discurso moral, basado en los principios obradoristas de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

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