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CNDH EMITE RECOMENDACIÓN A JAVIER CORRAL POR MUERTE DE MUJER EMBARAZADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO

Chihuahua a 2 de Enero del 2019 (192)
Redacción de Redacción


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigió una recomendación al Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, así como al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, por el fallecimiento de una mujer embarazada en el Hospital Universitario de Chihuahua.

Al mandatario le instan a que se repare integralmente el daño causado y que la madre, el esposo y el bebé de la mujer que murió, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, conforme a la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, que incluya el pago de una compensación y/o indemnización.

Al titular de la CEDH, a garantizar que en la Recomendaciones emitidas subsecuentemente, las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan acceso a una reparación integral efectiva.

El caso a detalle:

El 10 de mayo de 2016, la víctima presentó ante la Comisión Estatal el escrito de queja en el que refirió hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio de su hija, atribuible a la Secretaría de Salud, en particular del Hospital Central, en el que expuso que, debido a la inadecuada prestación del servicio y atención médica que le brindaron en dicho nosocomio, la mujer de 20 años de edad, falleció el 20 de marzo de 2016, cursando un embarazo de 36.2 semanas de gestación

La mamá de la joven también interpuso una queja contra la Fiscalía General por la falta de investigación del caso.

Indicó que cuando su hija fue ingresada a hospitalización, un médico le explicó que era necesario realizarle una cesárea de manera inmediata ya que tenía "preclamsia", para lo cual se practicó una "sonografía" en el área de urgencias del Hospital Central, lugar al que la fémina, hoy fallecida, llegó caminando. Después de eso, la madre indicó que no volvió a saber nada de su hija; fue hasta las 07:00 horas del 18 de marzo de 2016, cuando preguntó a una enfermera del área de urgencias, quien le informó le habían realizado una cesárea a las 02:59 horas de esa misma fecha, que se encontraba bien y que había nacido una niña con síndrome de dificultad respiratoria, por lo que fue trasladada al Hospital Infantil, donde permaneció en terapia intensiva durante 43 días.

El 19 de marzo de 2016 por la mañana, debido al sangrado y el dolor que tenía, se solicitó al personal de enfermería le retiraran la sonda, pero no se la retiraron. Refirió también que buscó en el piso algún médico que pudiera atender a la paciente y al no encontrar alguno, salió a los pasillos en busca de éstos, pero los médicos que encontró le dijeron que estaban adscritos a otra área y no podían atenderla.

Un día después, el 20 de marzo de 2016, la víctima mortal expresó a su mamá sentirse muy mal, por lo que ésta última, nuevamente se dirigió al personal de enfermería solicitando que un médico atendiera a la paciente, pues le había bajado mucho la presión, sin embargo, una enfermera le respondió que era fin de semana y "Semana Santa", que "vería si conseguía a alguien de otra área".

Recomendaron pasarla a la Unidad de Cuidados Intensivos, e indicaron la colocación de un catéter venoso central; para ello, acudió personal médico de "angiología". En ese momento, personal de enfermería sacó del cuarto a la madre y al esposo de la joven, quienes, a pesar de estar afuera de la habitación, lograron escuchar los gritos y el llanto durante el procedimiento de colocación de dicho catéter por el dolor ocasionado a lo que una de las enfermeras dijo que estaba "chiple".

El mismo 20 de marzo de 2016, fue llevada al área de rayos X para revisar la colocación del citado catéter, lugar donde posteriormente presentó paro cardiorrespiratorio. Ante tal circunstancia, el personal médico aplicó reanimación por 40 minutos aproximadamente; sin embargo, falleció a las 20:40 horas.

Derivado de lo anterior, previa queja, la Comisión Estatal inició el expediente por negligencia médica atribuibles al Hospital Central y por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, específicamente por omitir o haber negligencia en brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento, atribuidas a la Fiscalía General.

Por la falta de avance en la denuncia que la madre presentó ante la Fiscalía General, la queja se resolvió a través de un proceso conciliatorio, acordando que se le asignaría una persona que la asesorara jurídicamente para brindarle apoyo necesario en materia legal, iniciaría un tratamiento psicológico y que acudiría con el agente del Ministerio Público a cargo de la Carpeta de Investigación a ratificar y ampliar la denuncia.

El expediente de queja concluyó con la emisión de la Recomendación 61/2017 del 15 de diciembre de 2017, dirigida al Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, en la que se declaró la violación al derecho humano a la salud en agravio.

El 9 de febrero de 2018, la Comisión Estatal emitió acuerdo en el que determinó la "Aceptación en su totalidad" de la Recomendación 61/2017, sin pruebas de cumplimiento.

La CNDH recuerda que el artículo 5, fracción VI de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la violencia obstétrica, es una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por prestadores de servicios de la salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, que le genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer, siendo esta última, la más grave consecuencia, derivada de una inadecuada integración del expediente clínico de la víctima, por lo que la Comisión Nacional observa que las omisiones descritas, como la falta de personal médico, insumos, equipamiento o infraestructura médica, forman parte de una problemática de carácter estructural en el funcionamiento del sistema de salud, especialmente en mandos medios y superiores que debieron prever que en específico, que el Hospital Central contara con toda la disponibilidad de personal y equipo médico necesario para garantizar el disfrute más alto posible del derecho a la protección de la salud y la vida.

Al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible al Estado, la Recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

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