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DESAPARECEN PRUEBAS DE ESTAFA MAESTRA EN SEDATU

Nacional a 22 de Febrero del 2019 (139)
Redacción de Noticias JS


En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desaparecieron los documentos originales de dos convenios utilizados para estafar a través de una triangulación de recursos en universidades y empresas fantasmas.

Dichos convenios contenían firmas falsificadas de dos funcionarios de la dependencia y eran reclamados por ellos para poder comprobar el ilícito de la alteración de rúbrica y deslindar sus responsabilidades de la estafa.

En los archivos no aparecen por ninguna parte los documentos originales referentes al convenio general firmado el 04 de enero de 2016 y al firmado el 02 de febrero del mismo año, en los que, según una publicación del diario Reforma, fueron falsificadas firmas de funcionarios para desviar millones de pesos de la Sedatu a través de universidades.

En el primero, la firma le fue falsificada al entonces subsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, y en el segundo, a su subordinado Armando Saldaña.

Además desaparecieron siete de nueve oficios de pago de los servicios contratados con firmas falsificadas a Saldaña.

El 12 de noviembre pasado, el director general de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Héctor José De la O Chi, declaró a la Fiscalía General de la República que dichos documentos no están en los archivos, al igual que siete oficios con los que se justificaron los pagos por 185 millones 839 mil 480 pesos por servicios que nunca se entregaron.

El funcionario aseguró que su antecesor en el cargo, Francisco Javier Báez Álvarez, no le hizo entrega de dicha documentación en original.

"Como lo he venido manifestando en las anteriores diligencias, los documentos originales no obran en los archivos de la Dirección General de Programación y Presupuestación a mi cargo, que estos fueron certificados por el suscrito, de las copias que fueron certificadas por mi antecesor el licenciado Francisco Javier Báez Álvarez en fecha 06 de abril de 2017", dijo el funcionario.

"Yo nunca recibí documentos originales relacionados con el Convenio General SEDATU-UOFIM/SOT/05/2016 con fecha 04 de enero de 2016, primer convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, con fecha 02 de febrero de 2016, primer anexo de ejecución del primer convenio específico, con fecha 02 de febrero de 2016".

En diciembre, personal de la Fiscalía, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial hicieron una revisión y corroboraron que en los acervos de la Secretaría no están los oficios de pago relacionados con dichos convenios.

En los dos que hallaron, pudieron darse cuenta de que eran ajenos a los pagos investigados. Es decir, usaron los mismos números de registro.

La entonces directora de Tesorería de la Sedatu, Martha Lidia Montoya Santos, subordinada de Báez, explicó a la FGR que para autorizar los pagos siempre era necesario contar con la solicitud del área requirente, la factura original y el instrumento jurídico.

"Contábamos con una cédula, que era a manera de control interno, en ella se vaciaban datos como si los expedientes contenían copia del convenio y/o contrato, con la explicación de que la unidad de que se tratara lo tenía bajo su resguardo; se anotaba algo que se considerara importante o verificaba en qué Cuenta Líquida Certificada se encontraba el convenio original", detalló en su testimonio del 09 de marzo de 2018.

A pesar de la explicación de Montoya, los documentos no fueron localizados, lo que en un principio significó un inconveniente para los exfuncionarios que denunciaron la falsificación de sus firmas, pues no tenían manera de corroborarlo sin tener a disposición los originales.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los únicos originales que pudieron recuperarse son los que tenía la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, cuyo exrector Juan de Dios Nochebuena también ya fue procesado por ese caso.

Gracias a estos documentos, la FGR pudo realizar los dictámenes forenses de grafoscopía, solicitados por los exservidores públicos que denunciaron la falsificación de su rúbrica.

Juan Francisco Martínez Lavín, coordinador de asesores de Emilio Zebadúa, el entonces Oficial Mayor de Sedatu, entregó en su momento los convenios y los oficios a las autoridades investigadoras, pero no en originales, sino en copias certificadas por Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuesto.

Báez Álvarez, brazo derecho de Zebadúa, fue consignado por la Fiscalía por la desaparición de los documentos. Se presume que operó desde el domicilio de Tennyson 125 la falsificación de las firmas de distintos funcionarios de Sedatu.

(Con información de Reforma)

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